Históricamente la persona en situación de discapacidad ha sido mirada “Diferente”, como no autónoma, sin oportunidades ni igualdad, con desconocimiento de sus derechos civiles y colectivos. La opinión de cada grupo esta influenciada por factores culturales, geográficos, económicos y políticos.
Para que el mundo llegara a consagrar normas jurídicas que protegieran la discapacidad “entre ellas las que regulan la integración escolar”, fue necesario la evolución del pensamiento durante siglos y un cambio de concepción frente al problema, lo que apenas rinde los frutos en el presente siglo.
La discapacidad es una realidad humana que ha sido percibida de manera diferente en diferentes períodos históricos y civilizaciones.
Se podía observar como muchas comunidades antiguas la fuerza física era un elemento de supervivencia necesitaría y las personas en situación de discapacidad generalmente estaban privadas o impedidas de ella; era política de ese tipo de sociedades su supresión o retiro de grupo con la idea de que su discapacidad era una condición maléfica.
En el siglo XIX las diferencias económicas y sociales de los grupos humanos, las diferencias de razas, sexo y clase se derivan de distinciones innatas, lo cual trae como consecuencias el aumento de la diferencia de los llamados seres humanos “normales” y “anormales”. Lo heredable era sinónimo de lo inevitable esto produjo un retraso frente a la esperanza de curación y rehabilitación de las deficiencias. Se negó la influencia de lo cultural y educativo y se reforzó la idea de segregación.
En los años 70 en Europa y América del Norte se gesta la ideología de la normalización como pilar fundamental que diera origen a las legislaciones que propenden por los derechos de los discapacitados, entre ellos los de la integración social, educativa y cultural. También las organizaciones por la discapacidad comienzan a formular una propuesta donde se hace énfasis en la estrecha relación que existe entre las limitaciones, el diseño y la estructura del entorno con la actividad de la población en general.
La asamblea general de las naciones unidas en este año trato el tema participación e igualdad plenas. Fue adoptado con el propósito de estimular la rehabilitación de la población que en esa época tenia algún tipo de deficiencia física o metal, se preparo una guía como resultado del plan de acción para este año y los posteriores; además de la preparación de unas serie de manuales que abarcaron distintos aspectos para generar ambientes libres de obstáculos para personas discapacitadas. Para con esto satisfacer las necesidades en este campo en todos lo países, especialmente en los países en desarrollo, y así evitar una posible duplicación de esfuerzos, se decidió unificar el tema en un solo manual titulado:
“Guía para la adaptación de edificios y lugares públicos para las necesidades de las personas impedidas”
La visión que se le ha dado a lo largo del siglo XX estaba relacionada con una condición o función que se considera deteriorada respecto del estándar general de un individuo o de su grupo. El término, de uso frecuente, se refiere al funcionamiento individual, incluyendo la discapacidad física, la discapacidad sensorial, la discapacidad cognoscitiva, la discapacidad intelectual, enfermedad mental, y varios tipos de enfermedad crónica. Esta visión se asocia a un modelo médico de la discapacidad.
Por el contrario, la visión basada en los derechos humanos o modelos sociales introduce el estudio de la interacción entre una persona con discapacidad y su ambiente; principalmente el papel de una sociedad en definir, causar o mantener la discapacidad dentro de esa sociedad, incluyendo actitudes o unas normas de accesibilidad que favorecen a una mayoría en detrimento de una minoría. La discapacidad puede aparecer durante la vida de las personas o desde el nacimiento.
La protección de las personas con discapacidad ha ido convirtiéndose poco a poco en objeto de atención de la comunidad internacional. Tras varias declaraciones de derechos en el ámbito internacional por parte de la OIT y la OMS, la ONU declaró el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, 1983-1992, habiendo elaborado previamente el Programa de Acción Mundial para los Impedidos. En aquel año, 1983, el porcentaje de personas con discapacidad en el mundo se cifró en un 12% del total de la población. A partir de ese momento, los problemas de las personas con discapacidad han sido objeto de atención creciente por parte de la ONU.
En el contexto europeo, la evolución de la política social en lo referente a la protección de las personas con discapacidad ha realizado un recorrido similar. En el Consejo de Europa se ha pasado de recomendaciones acerca de la protección de las personas con discapacidad, al desarrollo en 1981 de una política de atención a las personas con discapacidad de la Unión Europea, mediante una Resolución del Consejo y de los
Representantes de los Estados miembros, coincidiendo con la celebración del Año Internacional de los impedidos. A partir de este momento, la política social comunitaria ha prestado atención a este grupo y se han venido desarrollando programas (HORIZON, HELIOS,) y directrices (como la de la Comisión Europea sobre el empleo de 1998) que han tenido como objeto el acercamiento paulatino a la búsqueda de soluciones para los problemas que afectan a estas personas.
Estos problemas de las personas con discapacidad son muy similares independientemente del país donde vivan. Su principal característica es la situación de discriminación y de inferioridad, en cuanto a oportunidades sociales, que estas personas sufren respecto al resto de individuos de su entorno.
La atención internacional prestada a las personas con discapacidad está teniendo como resultado el desarrollo de distintas medidas políticas, que en Europa se concretan en directivas europeas y en España en medidas de política estatal y autonómica. Pero estas medidas institucionales no están dando los resultados esperados y los problemas de las personas con discapacidad continúan vigentes. Este es uno de los motivos que ha provocado que muy diferentes instituciones no gubernamentales se hayan lanzado a desarrollar programas que permitan la inclusión social de las personas con discapacidad.
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